El gran aumento de las exportaciones mundiales durante las últimas dos décadas, sumado a la diversidad de canales de distribución, ha propiciado la aparición de fraude alimetario desde la provisión externa de materias primas hasta la comercialización al usuario final.

La crisis que causaron en 2013 las hamburguesas de vacuno que contenían carne de caballo, y que afectó a la mayoría de los países de la Unión Europea, hizo que se encendiera la alarma, tanto de la administración sanitaria como del propio sector agroalimentario.

Luego de este suceso, que se agregó a la lista de fraudes alimentarios como los litros de aceite de girasol con colorante E-141 etiquetado como «aceite de oliva virgen y extra virgen» (Cataluña, 2006), la adulteración de leche con melamina (China, 2008) y el aceite procedente de España y Grecia etiquetado como producto italiano (Italia, 2016); algunas de las normas de inocuidad alimentaria validadas por GFSI (Global Food Safety Iniciative), abanderaron esta cruzada y sus protocolos comenzaron a recoger requisitos específicos dirigidos al control de proveedores y materias primas.

Así, como respuesta a este tipo de situaciones, la Unión Europea creó en 2013 la Red de Prevención del Fraude Alimentario (Food Fraud Network – FFN), entidad que incluyen en sus políticas y estrategias una mayor rigurosidad en los planes de control analítico.

¿Qué es el fraude alimentario?

El fraude alimentario es un término que se aplica en situaciones como la sustitución, adición, manipulación o presentación engañosa, de alimentos o envasado de alimentos, realizada de forma intencionada. También están en consideración aquellas afirmaciones o declaraciones falsas o engañosas hechas sobre un producto, por ejemplo en el rotulado, con el fin de obtener un lucro económico.

Un caso especial de fraude es el que tiene que ver con información engañosa en las declaraciones de la procedencia u origen específico de determinados productos de calidad diferenciada (denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, etc.), la declaración de una variedad o tipo de materia prima, el estatus asegurado de la producción (por ejemplo de producción orgánica), o bien relacionados con determinados métodos de producción (Halal, Kosher, entre otras.).

Para que un hecho de este tipo se considere fraude alimentario debe reunir las siguientes características:

• Debe existir un incumplimiento de la legislación alimentaria o bien inducir a error al consumidor.
• Debe tratarse de una acción intencionada y deliberada.
• Debe suponer un lucro económico para el operador que lo realiza.

Control del fraude alimentario y evaluación de riesgo

El control del fraude en la industria alimentaria requiere de un esfuerzo continuo por parte de todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción primaria, pasando por el transporte, el procesado, almacenamiento, envasado, hasta la distribución y comercialización.

Para evitar el fraude no debemos conformarnos exclusivamente con el control y la vigilancia por parte de la autoridad sanitaria, sino que la propia industria alimentaria debe erigirse como la primera barrera contra el mismo.

Para ello, es necesario incorporar en los sistemas de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria una evaluación de riesgo del fraude y determinar las medidas de control, teniendo en cuenta los siguientes factores:

• Los antecedentes históricos de fraudes asociados a las materias primas utilizadas o a los productos elaborados. Para cumplir este punto se puede consultar la información procedente de organismos profesionales, fuentes gubernamentales u otros recursos privados, como, por ejemplo, la información disponible en el Portal RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) de la Comisión Europea.
• La propia estacionalidad de determinados productos que pueden hacerlos más “apetecibles” en determinadas épocas del año o aquellas circunstancias eventuales (sequías, catástrofes naturales, etc.) que pueden propiciar una escasa oferta del producto afectado y, por lo tanto, un significativo aumento de sus precios de mercado.
• Las coyunturas geopolíticas y económicas de los países de origen de las materias primas, de los países de tránsito y de los propios canales de distribución o suministro.
• El estatus de nuestros proveedores, es decir, si nos ofrecen o no garantías adicionales, como por ejemplo, sistemas de gestión de la calidad y/o de la seguridad alimentaria certificados. Para disponer de esta información, es imprescindible implementar un riguroso sistema de evaluación para su aprobación u homologación inicial y un seguimiento de los mismos.

Por último, otro parámetro a considerar para la evaluación del riesgo de fraude es la mayor o menor detectabilidad del fraude, ¿es sencillo o complicado detectarlo?, es decir la necesidad de utilizar ensayos muy complejos o, por el contrario, protocolos muy sencillos

Con toda esta información, estaremos capacitados para evaluar la probabilidad de fraude en cada una de nuestras provisiones externas.